William Yohai  

La tierra y el progresismo: un breve análisis

SURda

Autor: William Yohai. Médico, militante social, miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay.

 

El economista comunista Samuel Behak decía en los 80 que Uruguay vivía un proceso de “contrarreforma agraria”…..Sabias palabras.

¿Cuál era la característica fundamental de este proceso?

La concentración de la propiedad de la tierra. En las décadas de los 70 a los 90 desaparecen más de 20 mil explotaciones agropecuarias. Obviamente pequeñas. Así llegamos al censo del 2000, el último: el 75% de la tierra estaba en manos de 8000 explotaciones mayores de 500 hectáreas.

Y, en la otra punta, 30.000 explotaciones de menos de 50 hectáreas ocupaban menos del 3 % de la tierra, pero empleaban el 40% de la mano de obra, 157 mil personas, empleadas en forma permanente en la agropecuaria.

Para dar una imagen desde el punto del trabajo, las explotaciones menores de 50 hectáreas ocupaban 1 trabajador cada 7 hectáreas. Las mayores de 500 Ha. Ocupaban un trabajador cada 300 Há.

Sólo menos del 10% de la tierra agropecuaria del país estaba en manos extranjeras.

Ya han aparecido los inmensos latifundios forestales, que de acuerdo a un criterio de propiedad, no de unidad productiva, concentran tanto BOTNIA como ENCE unas 100 mil hectáreas cada uno.

Sin abrumar al lector con más datos, creo que hemos delineado un panorama.

El “campo”, así, con comillas porque en realidad hay muchos “campos” muy diferentes, afrontaba un problema de endeudamiento acelerado por la política cambiaria de los años 90, el “atraso cambiario”, la apertura comercial que afecta a algunos rubros en particular hortícolas y también ineficiencias de los empresarios agropecuarios (diferenciamos a éstos de los productores, o sea, los que agachan el lomo ellos mismos en pequeñas explotaciones.

Y en eso llegó Tabaré…..

Coincide su llegada con una acentuación de una tendencia hacia la implantación masiva del cultivo de soja transgénica, utilizando la no tan nueva pero poco difundida en nuestro medio “labranza cero”, que necesita del herbicida glifosato como insumo esencial.

Tres fenómenos (hay muchos más, pero tratamos de concentrarnos en los esenciales) serán determinantes: 1) desde el punto de vista de la propiedad de la tierra; concentración y extranjerización. Al no haber un nuevo censo nosotros no estamos en condiciones de cuantificarlo con precisión, pero es evidente: no menos del 30% de la tierra está hoy en manos extranjeras. Y otra gran superficie es explotada por extranjeros en régimen de arrendamiento. El correlato de éste fenómeno es el aumento exponencial del precio de la tierra. Estimamos que, entre 2003 y 2008 no es inferior al 400%. Y se resuelve así, por vía del aumento del denominador del cociente deuda/valor del activo, el problema del endeudamiento.

2) Aumento significativo del área dedicada a la agricultura continua, es decir, agricultura sin rotación con ganadería. Éste se da sobre todo para producir soja, se llega a 500 mil hectáreas (informamos que el país cuenta con unas 3,5 millones de hectáreas agrícolas) y después otros cultivos de secano, o sea, sin riego, como trigo, cebada, girasol, etc. Pero la “estrella” es la soja.

3) Aumento, de la mano de la demanda externa y la implantación de la fábrica de celulosa de BOTNIA, del área forestada. Los informes oficiales hablan de menos de 1 millón de hectáreas, nosotros pensamos que ya se ha superado esa cifra. De esta forestación en régimen de monocultivo, el grueso, tal vez el 90% es con eucaliptos para producir celulosa. El resto sería con pinos y eucaliptos para madera aserrada. Pero además hay, ahora temporalmente frenados por la crisis internacional, al menos 3 proyectos más de plantas de celulosa o celulosa más papel en alguna fase de concreción.

 

Hasta aquí una muy sucinta descripción objetiva de los hechos.

La valoración de los mismos desde el punto de vista económico, social y de la conservación de los recursos naturales nos merece algunos comentarios breves pero contundentes:

1)  desde el punto de vista social, estamos ante la profundización del modelo concentrador y excluyente. La expansión sojera y forestal es un indudable expulsor de población rural. En primer lugar por un simple “efecto de masa”. La plantación de eucaliptos para celulosa (el fenómeno de la madera aserrada es algo diferente) requiere de alguna mano de obra poco calificada, más allá del empleo de técnicos en baja cantidad por hectárea para dirigir el proceso. Pero esta mano de obra es eventual y migrante. No hay radicación en el campo. Más bien hay expulsión del personal fijo de las estancias ganaderas y mucho más aún cuando se desalojan explotaciones agrícolas-ganaderas, en especial la lechería. En segundo lugar el fenómeno forestal monocultivador expulsa otros productores, caso típico, los apicultores. Los montes de eucaliptos producen poca miel y generalmente desalojan praderas artificiales o naturales mucho mejores a ese respecto.

La concentración de la propiedad, fomentada además por la práctica inexistencia de impuestos a la propiedad de la tierra, contribuye también a expulsar habitantes y trabajadores del campo.

La preparación del suelo, siembra y control de plagas y malezas en las grandes plantaciones agrícolas sojeras y de las otras, con régimen de labranza cero, insumen muy escasa mano de obra que es sustituída por enormes máquinas y el uso amplio de herbicidas y plaguicidas.

2) Desde el punto de vista de la conservación de los recursos naturales esta política ha tenido efectos muy negativos. Los suelos uruguayos, originalmente excelentes praderas naturales son, salvo excepciones poco aptos para la agricultura continua. Ésta tiende a degradarlos rápidamente. Ya hay en el país antecedentes, tanto la intensificación agrícola promovida desde el Estado y por los precios internacionales de los años 1945-54 cuanto de las áreas remolacheras del noreste de Canelones. El daño a los suelos y sobre todo el hecho de mantener cautivos los mismos por muchos años que implica el uso forestal son también bien claros. Debe aclararse un mito promovido con frecuencia desde las esferas oficiales: la forestación se hace en suelos que “no sirven para otra cosa”. Esto es falso. Precisamente la forestación, como cultivo que es, necesita suelos agrícolas. Salvo excepciones los suelos que se han forestado han sido algunos de los mejores suelos agrícolas y ganaderos del país. Y otra acción del actual gobierno ha sido, para sorpresa de muchos, aumentar el área de prioridad forestal, o sea aquellas zonas donde la forestación es promovida. Recién hace menos de un año desde el Ministerio de Ganadería Agricultura y pesca (MGAP) se comenzó a implementar, exclusivamente con fines de control de la erosión, la aplicación activa de la Ley de Suelos del año 1981. Hasta ese momento su aplicación había quedado librada al impulso personal de algunos técnicos.

La contaminación de aguas, tanto subterráneas como superficiales por parte de los productos químicos que utiliza masivamente el paquete sojero contribuye a degradar el patrimonio del país.

Y la forestación de extensas áreas contiguas está generando grandes problemas de escasez de agua a los pequeños productores cercanos que aún sobreviven.

 

3)  Punto de vista económico: aquí también las consecuencias, tanto a corto como largo plazo son profundamente negativas. Todo este nuevo modelo productivo se está implantando sobre la base de desgravaciones fiscales. En primer lugar la ley forestal que, durante sus primero años de vigencia exoneraba de todo impuesto nacional o departamental a las plantaciones. Esto ha sido suprimido recientemente, pero queda la increíble exoneración de la planta de BOTNIA, que no paga impuestos salvo un modesto canon sobre su producción bruta. Es el reino del saqueo de los recursos sin contrapartida. El agro, hoy como en las últimas décadas aporta menos del 10% de su PBI como impuestos. El conjunto de la economía, incluyendo el agro aporta un 25% de su PBI. Y no existe causa razonable alguna que justifique esta excepción. La renta de la tierra, uno de los orígenes de sobreganancia tradicional en la economía capitalista está en Uruguay prácticamente exonerada de impuestos.

Recientemente hicimos un pequeño trabajo de investigación tratando de conocer el monto de la renta de la tierra en el país durante 2008. El resultado, no exacto, pero seguramente no demasiado alejado de la realidad, es de 100 dólares por hectárea, o sea, unos 1600 millones de dólares para el año. Para poner esta cifra en perspectiva, gravando la misma, razonablemente, en un 30%, obtendríamos una recaudación de unos 500 millones de dólares. El plan de emergencia y su sucesor, el plan de equidad implican una inversión anual menor a 100 millones de dólares.

Esto sería el equivalente a que un país petrolero permitiera a empresas nacionales y extranjeras extraer su riqueza sin pagarle nada al estado. La época en que las “siete hermanas” explotaban ilimitadamente a los países. Ya no existe en el mundo, ni los reinos árabes del medio oriente ni países como Venezuela permiten ya más esa locura. Pero en Uruguay ese es tema tabú para todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

Como consecuencia, en el país se profundiza el modelo exportador de productos primarios con nulo o bajo nivel de elaboración, tradicional fuente de exclusión social, pobreza y violencia.

Por otro lado, la inexistencia de impuestos que graven las exportaciones de materia prima impulsa aún más este patrón de subdesarrollo. Y tiene un efecto colateral sumamente grave: impulsa el alza de los alimentos al ritmo de los precios internacionales, disminuyendo la disponibilidad para la industria nacional de las materias primas de origen agropecuario, el caso del cuero es demasiado claro.

Podríamos sintetizar el efecto de la acción del gobierno progresista sobre nuestra agropecuaria: más de lo mismo.

Pero, al haber aumentado, fruto principalmente de nuevos demandantes de materia prima, en primer lugar China, el impulso a este tipo de modelos, y al no haberse tomado medida alguna para controlarlo, estamos ante una agravación del fenómeno descrito. Y tal vez lo más grave es que no hay, en los programas de los partidos que aspiran al gobierno, ni en el discurso de ninguno de los candidatos con chance, ningún planteo de modificar esta situación.

Queda una última aclaración: ¿se podría haber hecho otra cosa? Y aquí, algunos defensores del precandidato Mujica afirman que no. Que este es el planteo mayoritario de la fuerza política y particularmente del ahora ex ministro de economía. Y que para el sector MPP era algo así como “hacer esto o irse”. Falso. La ley de suelos y aguas de 1981 hubiera permitido, por vías administrativas detener los fenómenos de sojización y forestación masiva para pulpa de celulosa. Esta ley confiere al MGAP amplios poderes de reglamentación y policía, son sanciones severas a los incumplimientos. Simplemente no se aplicó porque existía, y sigue existiendo por parte de Mujica y su sector, una firme voluntad política de profundizar este estado de cosas.

Queremos, por fin, expresar a los lectores de SURDA, que todas las afirmaciones que aquí se vierten están basadas en el conocimiento profundo de la realidad por parte del autor y en testimonios directos, así como informes oficiales. Estamos a la orden para suministrar a los lectores información adicional o aclaraciones.